Hay concierto entre los estudiosos de nuestra historia, en el sentido de que la “Suprema Corte de Justicia”, creada en la Constitución Política de 1823, constituye el verdadero origen del Tribunal Máximo chileno. La organización judicial de ese texto fundamental, fue lo más perfecto del mismo y subsistió, con ligeras modificaciones, hasta la promulgación de la Ley de Tribunales de 1875. Aunque el nombre actual surgirá años más tarde, en la Carta de 1828, aquella “Suprema Corte” cuenta ya con la superintendencia directiva, correccional, económica, moral, y ministerial sobre los demás tribunales y juzgados del país; y con las facultades necesarias para resguardar y reclamar el respeto a las garantías individuales y judiciales.

Anteriores intentos para organizar la Administración de Justicia en la naciente Patria, como la supresión de la Real Audiencia y creación, en su lugar, de la Cámara de Apelaciones y, luego, del Tribunal Supremo Judiciario, en reemplazo del Consejo de Indias, en 1811, fueron ahogados por la Reconquista española. A la vez que, el Tribunal Supremo establecido en las Constituciones de 1818 y 1822, lo fue por las circunstancias, no llegando a funcionar realmente.

Sus primeros integrantes, los señores José Gregorio Argomedo, Presidente; Francisco Antonio Pérez, Lorenzo Villalón, Gaspar Marín, Ministros; y Mariano Egaña, Procurador Nacional, así como sus sucesores, a través de más de siglo y medio de funcionamiento ininterrumpido, han logrado, merced su honesto y abnegado esfuerzo, que ocupe un sitial de innegable prestigio, que trasciende nuestras fronteras y de una autoridad moral incuestionable en la vida nacional.

JOSE MARIA EYZAGUIRRE
Presidente de la Corte Suprema de Justicia